martes, 28 de enero de 2014
EL BUEN ESTILO
Mi columna de hoy en SUR
Hay múltiples ejemplos de que se puede ser un bandido con unos modales exquisitos
Hoy les quiero hablar del estilo, esa aptitud ante los demás y también ante uno mismo que permite reconocerte y ser reconocido por tus semejantes en atención a la forma en que los tratas y en consecuencia, lo que se espera de uno en el complejo mundo de las relaciones sociales (que por otra parte ocupan la mayor parte de nuestro tiempo, salvo cuando dormimos o estamos ensimismados). Cuando hablo de estilo me refiero a la vertiente propia de los usos sociales, los que no están regulados por normas jurídicas imperativas como la forma en los procedimientos y actos jurídicos. Tampoco toca ahora abordar la extralimitaciones en el trato a los demás que vulneran las leyes establecidas para preservar la dignidad y el honor de las personas y que pueden incluso tener repercusión penal como en el caso de los delitos de injurias o calumnias.
Lo de esta columna tiene que ver más bien con lo que tradicionalmente se ha venido a llamar buena educación, urbanidad, buenos modales, elegancia, ser un señor o una dama o “tener clase”, expresión esta última que no me gusta utilizar porque denota un cierto clasismo cuando sin embargo estoy convencido que todo esto poco tiene que ver con la posición económica y social de cada uno; he conocido a personas que son la encarnación de la buena educación trabajando en una obra, sirviendo en un bar o llevando portes en un motocarro y a verdaderos “carne con ojos” de rancio linaje de pijolandia, enfundados en trajes y en vestidos que son “el último chillido”, pero que en cuanto abren la boca emiten sonidos más parecidos al rebuzno que a la expresión oral humana. Pero bueno, lo del término es lo de menos, cada cual lo llame como quiera.
Creo que un primer rasgo del buen estilo se expresa en como te diriges a los demás, tanto en el tratamiento como en el contenido. Con tratamiento no me refiero a los rituales añejos y jerarquizados del tenor de reverencia, ilustrísimo o magnífico, más propio y admisible cuando se refiere a las instituciones pero que entiendo que sobran cuando nos referimos a personas físicas. Lo que planteo es más elemental, el uso del usted, el don o el señor, y en esto, como todo en la vida, conviene ni pasarte ni quedarte corto. En el tuteo o no a la hora de dirigirte a otra persona, debe prevalecer el consenso interpersonal, es decir, se usa el tratamiento que ambas personas de forma explícita (lo menos frecuente) o implícita acuerden como el más adecuado y con el que se sienten más cómodos ambos; ante la duda (por desconocimiento de la persona en cuestión) pues se habla de usted y todo el mundo contento. Hay supuestos en los que por el contexto (personas que comparte profesión, por edad u otras relaciones de similar naturaleza) se da por asumido el tuteo. Por otra parte, hay determinadas ocasiones en las que por su solemnidad o importancia protocolaria lo adecuado es dirigirte a tu interlocutor de usted aunque sea tu mejor amigo, ya que en este caso prevalece el plano institucional más allá de tus relaciones privadas. En un pleno municipal, en una sesión en las Cortes o en una clase en la Universidad no encaja el compadreo propio de una cena de navidad; frente a lo que puede parecer, no se trata de marcar distancia sino más bien de respeto al hecho de que hay elementos en esos actos por encima de la mera relación personal cuyo despliegue entiendo que tiene otros ámbitos más propios.
Respecto a la forma de dirigirte a los demás más allá del tratamiento, las consideraciones antes realizadas son plenamente aplicables, aunque cabe añadir que conviene utilizar expresiones adecuadas a cada momento e interlocutor, y por tanto ser consciente que tanta desconsideración implica hablar a un auditorio adulto y versado en una materia como si les estuvieras enseñando a leer, como regodearte en expresiones muy técnicas o simplemente ajenas al común de los mortales cuando el público al que te diriges es de composición más amplia. En cualquier caso hay que evitar los gritos, ademanes groseros y las expresiones malsonantes en general pero sobre todo en los actos colectivos, aunque sin llegar a la cursilería de decir “cáspita, que contrariedad” cuando un mastodonte te pisa un juanete, para eso se me ocurren otras frases más contundentes y que seguro que el lector tiene en su mente. Y ni que decir tiene que un saludo al coincidir y dejar paso al acompañante son gestos que nunca sobran.
Sobre el vestir, doctores tiene la Iglesia, y el que suscribe se declara incompetente (como en otras cosas) para hablar con propiedad de esto, pero mis cortas entendederas en estos menesteres no me impiden percibir que dentro del más escrupuloso respeto a los gustos personales, hay momentos y lugares que determinan que por sentido común no se debe acudir a una boda o a una clase en chanclas y camiseta ni tampoco a la playa con el traje y los gemelos.
Siendo todo lo anterior mi modesta opinión, y por tanto opinable, lo que si considero un dogma inatacable es que un admirable estilo deviene en charlatanería artificial si no va acompañado de un buen fondo, honestidad, laboriosidad y bondad. Hay múltiples ejemplos de que se puede ser un bandolero con unos modales exquisitos.
miércoles, 22 de enero de 2014
DIARIO DE UN
JURISTA. 22-1-2014. Pedro Moreno Brenes
1. ¿Sería
constitucional autorizar el casino “con
humo” de Eurovegas?
2 . Las leyes
políticas de Franco
1. ¿Sería
constitucional autorizar el casino “con
humo” de Eurovegas?
Afortunadamente los números no le salieron al
promotor del proyecto de Eurovegas para construir en unos terrenos de la
localidad madrileña de Alcorcón un complejo de casinos y donde el buen hombre,
con la arrogancia propia de los ricos que se creen dueños de vidas y haciendas,
pretendía doblar el brazo al legislador para que se permitiera en sus
instalaciones fumar sin límites; aunque se sucedieron declaraciones
contradictorias por los diversos responsables políticos sobre una eventual
aceptación de tan disparatada solicitud, todo apuntaba a que al paraguas de las
crisis económica y con el argumento de la creación de empleo, finalmente se
harían “virguerías” jurídicas para permitir la millonaria y leonina inversión
del magnate abusón.
Aún así, resulta interesante apostillar sobre
la manera en que querrían excepcionar la prohibición legal de fumar, y si
resultaría compatible con la
Constitución y la consagración del principio de igualdad del
art. 14 de nuestra norma fundamental. En mi modesta opinión una “ley singular”
en este caso de destinatario único, los casinos de este promotor, no resiste el
contraste con la constitución e implica una vulneración del principio de
igualdad; ¡porqué digo esto?, pues intentaré argumentar:
a) De acuerdo con el TC son son
leyes singulares “..aquellas dictadas en atención a un supuesto de hecho
concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y
ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho,
aislado en la Ley
singular y no comunicable con ningún otro” (STC 166/1986, de 19 de diciembre,
FJ 10). De la doctrina constitucional (la más reciente la sentencia 203/2013,
de 5 de diciembre de 2013) se deduce que pueden existir tres tipos de leyes singulares, de destinatario
único (este caso), las autoaplicativa (las leyes que contienen una actividad,
típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto) y las que adolece
de tal naturaleza si ha sido dictada en atención a un supuesto de hecho
concreto, esto es, a una situación singular o excepcional.
b) La mencionada sentencia del TC 203/2013
recuerda la doctrina sobre los límites
de las leyes singulares y la sintetiza en los siguientes términos
“..Y
concluimos por ello que “el canon de constitucionalidad que debe utilizar este
Tribunal al ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la
razonabilidad, proporcionalidad y adecuación” (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ
4). Este es, en definitiva, el triple canon que habrá de superar cualquier ley
singular para que pueda considerarse constitucional.”
c) Pues bien, precisamente este reciente
sentencia del TC, la 203/2013, de apenas hace unos días, ha estimado el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Castilla y León 6/2007, de 28 de marzo, y ha
declarado su inconstitucionalidad y nulidad, todo ello por vulnerar el
principio de igualdad y también la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE. Esta Ley aprobaba un
proyecto singular para una zona de carácter urbanístico, y en comparación con
la que se hubiera aprobado para Eurovegas, era “peccata minuta”, ya que los
destinatarios eran generales y en su contenido no cambiaba gran cosa el régimen
urbanístico ordinario, pero aún así el TC la anula; hay que pensar que en el
caso de Eurovegas, con destinatario único y a las bravas, el interés económico
del promotor no es suficiente para entender cumplidos los tres límites antes
expuestos
Conclusión, espero que esta doctrina del TC
deje claro que no todo cabe a los que se
creen que las leyes son un chicle adaptable a sus gustos. O al menos esto
mantiene este humilde jurista sin perjuicio de otra opinión mejor fundada en
Derecho
2 . Las leyes
políticas de Franco
Como el avispado lector habrá observado, un
servidor, sin descubrir el mediterráneo, parte, en su tarea de jurista, de la
convicción sobre la esencial naturaleza histórica de derecho y sus
instituciones básicas. Sobre esa base, siempre me ha parecido llamativo el paso
de puntillas que siempre ha existido sobre las que denomino leyes políticas de
Franco (Leyes Fundamentales del Reino), que no constitución política ya que ese
concepto jurídico-político es incompatible a todas luces con el régimen surgido
de la sublevación militar de 1936. Constituyendo el periodo histórico
inmediatamente anterior a nuestro régimen constitucional (gran parte de la
llamada transición se desarrolla rigiendo las Leyes Fundamentales del Reino),
no parece que sea aceptable ese escaso tratamiento y me temo que de seguir así
pronto entre algunos ciudadanos, incluido juristas, se acepte una visión
neutral y aséptica de una cruel dictadura sobre cuyos resortes de poder aún
queda mucho por decir.
Es curioso que en su momento ni los apologetas
del régimen dedicaron gran atención a comentar y teorizar sobre las normas que
se suponen sustentaban el entramado jurídico-institucional de la dictadura de
Franco, salvo algunos intentos, entre los que cabe destacar en la órbita de la Teoría del Estado (Javier
Conde y su teoría del Caudillaje) o las de una
índole más jurídica, como el caso de Rodrigo Carvajal o Zafra, a lo que
cabe añadir el intento más voluntarioso que eficaz del entonces ministro de
Información y Turismo Manuel Fraga para convencer a la opinión pública
internacional (la nacional le importaba un bledo) que España era un Estado de
Derecho, eso si con el “pequeño” defecto de que se encarcelaba, torturaba e
incluso fusilaba (caso Grimau) a
ciudadanos por sus ideas políticas. Llama la atención que un profesor de
Derecho Político confrontado de forma directa con el franquismo y militante
comunista, Jordi Solé Tura, fuera en su momento (principios de los 70) el que
publicara una de los mejores síntesis del ordenamiento político de España, a lo
que cabe añadir las estimables aportaciones del profesor Ferrando (ya con
visión histórica), Jorge de Esteban (en los últimos años del régimen y con
vista a su superación) o las de Lucas Verdú (centradas en la Ley de Reforma Política).
Sobre el habitual papel que se le atribuye a Torcuato Álvarez de Miranda, (a la
sazón catedrático de Derecho Político de la UCM y que ocupó el ministerio de Secretario
General del Movimiento y durante días,
tras la muerte de Carrero, la presidencia del Gobierno) como “arquitecto” de la
voladura legal del régimen y muñidor de la Ley de Reforma Política de enero de 1977, habrá que deducirlo de las
memorias y testimonios, ya que el hombre con tanto cargo no dejó rastro por
escrito de sus argumentos jurídicos que no fueran esporádicas intervenciones en
los múltiples órganos a los que pertenecía por su inquebrantable identificación
con el Jefe del Estado y dictador; de hecho, en 1975 publica una monografía
sobre sociedad y constitución y en sus páginas se teoriza en base a los
clásicos del pensamiento político sin apenas mencionar la supuesta
“constitución” que regia la
España de su admirado caudillo.
La dedicación docente e investigadora de los
profesores de Derecho Político en un Estado sin constitución desde 1939 hasta
1978 merece unas notas más extensas, por lo que me limito a indicar que ese
panorama tan singular provocó una enorme dispersión en los programas docentes
del venerable Derecho Político de la época, desde la historia del pensamiento
político hasta la historia constitucional y política, pasando por la ciencia y
sociología política. Merece la pena mencionar la agria polémica doctrinal en
1981 entre dos grandes juristas, García de Enterría y Lucas Verdú, y que
consistía en determinar que gremio de juristas (administrativistas o
constitucionalistas) estaba más preparado para afrontar la esencial tarea de
estudiar la recién aprobada Constitución. En 1984 el Derecho Político como
materia que denominaba plazas de catedráticos y adjuntos, se separa en Ciencia
Política y en Derecho Constitucional.
Todo esto y algo más se tratará en un estudio
introductorio al libro en que estoy trabajando a trancas y barrancas, y que
pretende comentar todo el articulado de las Leyes Fundamentales del Reino y que
quiero llamar, al igual que el título de estas notas, “Las leyes políticas de
Franco”, con referencias al entramado jurídico de las instituciones y normas
políticas pero sin olvidar las vertientes políticas y socioeconómicas de una de
las dictaduras más sangrientas de Europa.
martes, 21 de enero de 2014
DIARIO DE UN
JURISTA. 21-1-2014
1. De la singular
forma de legislar y de la seguridad jurídica. Refundiciones versus decretos
leyes y leyes escoba
2. Lo que se puede
gastar en Andalucía
3. Reforma de la
legislación de Administración Local
4. Juristas en el silencio del exilio y la represión. Wenceslao Roces
Suárez
1. De la singular
forma de legislar y de la seguridad jurídica. Refundiciones versus decretos
leyes y leyes escoba
Este gobierno me tiene liado, y no solo por
su actuación política (sobre la que he tenido ocasión de pronunciarme en este
muro en muchas ocasiones) sino en la vertiente estrictamente técnica de su
labor normativa (aunque la verdad, esa distinción no deja de ser relativa). A
lo que voy, la
Constitución en su artículo 9 garantiza el principio de
seguridad jurídica, una de cuyas vertientes entiendo que es precisamente la
producción normativa en unos términos que permita a los operadores jurídicos
(que potencialmente somos todos) una fácil identificación de las normas
vigentes para cada sector de la realidad. Los informes de diversos órganos y
entidades (la Comisión
para la Reforma
de las Administraciones Públicas y la
OCDE ) y la más modesta opinión de los que nos dedicamos al
estudio y docencia del ordenamiento, han denunciado el caos normativo que se
observa en muchos sectores del derecho español, en especial en aquellos donde
los cambios normativos son constantes y por tanto surgen razonables dudas sobre
la derogación implícita o la vigencia de muchas normas. Por tanto no sobra una
racionalización de la forma de producir derecho, y el ejecutivo parece ir en esa línea cuando ha
presentado un proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno la potestad
de dictar diversos textos refundidos, y así en los diversos plazos previstos,
una vez convertido en Ley este proyecto, los sufridos juristas patrios
contaremos con textos refundidos de :
a) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.
b) Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal.
c) Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ;
este lo agradezco personalmente porque esta ley está parcheada a tal punto que
se convierte en un suplicio su explicación en la Facultad.
d) Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Lo mismo
puedo decir que en la letra anterior
e) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales
f) Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo.
g) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público. Aquí encuentro especiales dificultades por la
singular forma de derogación de las normas precedentes y de entrada en vigor de
algunas partes de la ley, a lo que cabe añadir que no desplegará su eficacia
plena hasta que los perezosos legisladores autonómicos cumplan con su
obligación de aprobar sus respectivas leyes autonómicas de función pública.
h) Texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Las anteriores buenas intenciones se
compadecen mal con los “viernes de infarto” a los que nos tiene acostumbrado el
ejecutivo que encabeza Rajoy. A los temas de fondo (recortes sociales la
mayoría) se une una dispersión normativa y un cambio constante de múltiples y
diversas normas de nuestro derecho, a lo que en diciembre se ha unido la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que aunque
dice que respeta la doctrina del TC
sobre el contenido de las leyes de presupuestos, le da un “meneo” modificador,
ni no he contado mal, a 45 textos legales.
En fin, el mismo gobierno dice una cosa y
hace la contraria en materia tan sensible para una aceptable seguridad
jurídica, principio esencial para dar esa buena imagen de la marca
“España” con la dan tanto la matraca.
2. Lo que se puede
gastar en Andalucía
En el BOE se ha publicado hoy la Ley 7/2013, de 23 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014,
y aunque aparentemente solo afecta a funcionarios y gestores de la Junta de Andalucía, no sobre
un breve esbozo de cómo se organiza la gestión económica en mi tierra. Bajo la
espada de Damocles del acuerdo del 30 de agosto de 2013 del Consejo de
Ministros por el que se aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas para el período
2014-2016, el legislador aprueba esta
ley incluyendo los clásicos contenidos de estas normas (los créditos iniciales
y sus modificaciones, créditos de personal, gestión y control presupuestarios, las
operaciones financieras, cuantía de las tasas, la transferencia y delegación de
competencias a las EELL y la información al Parlamento) a lo que cabe añadir el
tradicional picoteo del ordenamiento jurídico al que me refiero en el punto
anterior, aunque en honor a la verdad no de la envergadura de la ley de
presupuesto del Estado ( aquí se modifica el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del
Patrimonio, la Ley
1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de medidas, del texto refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre y
el del Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía). No está mal,
sobre todo para desorientar al operador jurídico, aunque, insisto en el Estado
te vuelves loco directamente.
Por último quiero destacar que, en lo que
afecta a miles de empleados públicos, se fija el límite de incremento de las
retribuciones y en el 2014 no experimentarán crecimiento alguno respecto
de las vigentes a 31 de diciembre de 2013; sobre la Oferta de Empleo Público en
2014 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público
andaluz, salvo las excepciones amparadas en la legislación básica estatal, ni
se procederá a la contratación de personal laboral temporal ni al nombramiento
de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Aunque
responde a imperativos normativos estatales, los opositores como siempre pagan
el pato.
3. Reforma de la
legislación de Administración Local
Estoy trabajando estos días en la redacción
de un libro que se llamará “Comentarios a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local”, que espero publicar a mediados de este año. Como creo
que todos sabéis esta norma, cabecera del ordenamiento local, ha sufrido una
muy importante reforma por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ,
sobre la que se ha dicho y escrito mucho, y que como todo texto legal, merece
un sosegado análisis para una mejor compresión. Esta distancia técnica no me
impide que a priori tenga la convicción de que el PP ha impulsado esta reforma
legal como parte de su programa para implantar a toda costa la disciplina
presupuestaria como punta de lanza de una reducción de la acción pública y de
los servicios prestados por las Administraciones Públicas.
Hay que ser muy ingenuo para pensar que la
reforma de la constitución de 2011 y por la cual se redacta el art.135 para
imponer límites al gasto público, no tendría consecuencias en el ámbito local,
la administración más cercana al ciudadano. Me temo que la nueva redefinición
de competencias locales y el exorbitante papel otorgado a las diputaciones
tendrá como consecuencia una progresiva entrega de servicios públicos a la
gestión privada, con el consiguiente deterioro de los mismos como se ha
demostrado sobradamente en la práctica. Habrá que estar a lo que diga el
Tribunal Constitucional respecto a la crítica que mantiene la existencia de una
vulneración de la autonomía local constitucionalmente reconocida (art.137 de la CE ), críticas que comparto
plenamente.
Lo anterior no implica que vea todo negro en
esta reforma; como en cualquier otra se puede observar aspectos positivos que
no se puede ocultar (regulación y límites de las retribuciones de los miembros
de la Corporación ,
límites numéricos al personal eventual o la vuelta a la Administración
General
4. Juristas en el silencio del exilio y la represión. Wenceslao Roces
Suárez
Estamos en época de exámenes y mi
hija Laura se enfrenta al Derecho Romano y como es natural surgen las dudas de
su utilidad para un jurista (o aspirante a serlo) contemporáneo; no soy nada
original a la hora de explicarle que el derecho es un producto histórico y que
el conocimiento del derecho de los romanos nos permite comprender las modernas
instituciones jurídicas, herederas en gran parte del genio jurídico del pueblo
romano. Son miles de páginas las escritas por autores de prestigio sobre el
tema y nada tengo que añadir que no se haya dicho, pero este recordatorio de
mis estudios de romano en el lejano curso 82-83 (con un magistral profesor,
como es Antonio Ortega) me lleva a sacar a colación a un insigne romanista que
por culpa de Franco y los suyos tuvo que profesar en el exilio.
Wenceslao Roces Suárez (Soto de
Sobrescobio, 1.897) termina derecho en 1919, con el Premio Extraordinario de
Licenciatura y lee su tesis doctoral al año siguiente “El caso fortuito en el
Derecho de obligaciones”, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Pensionado por la Junta
para la Ampliación
de Estudios, estudia Alemania hasta 1.922 con el romanista, Otto Lenel, en Friburgo y con
Rudolf Stammler, en Berlín. En 1923 accede
a la cátedra de derecho romano de Salamanca, por oposición con el decidido apoyo de su mentor en la beca
de Alemania, el secretario de la mencionada Junta de Ampliación de Estudios y
catedrático de la
Universidad central, José
Castillejo. Aunque romanista desde el punto de vista académico, Roces
fue un intelectual interesado por muchas ramas del saber, en especial la
filosofía y la historia, y desde luego nadie puede negar su esencial papel como
traductor de muchas de las obras de Marx y Engels y de otros filósofos e
historiadores, sin desdeñar las que dedicó a los cultivadores de su disciplina,
el derecho romano (Robert von MAYR, “Historia del Derecho Romano, Barcelona”,
Labor, 1.931 (2 vols.) o Rudolf SOHM, Instituciones de Derecho Privado Romano:
historia y sistema, Madrid, RDP, 1.928).
Identificado intelectualmente con
Unamuno, asume una actitud crítica contra el golpe de primo de Rivera y se solidariza con el rector
de Salamanca cuando éste es sancionado lo que le cuesta un proceso penal. Militante del PCE durante la
II República1977 a
España para presentarse al Senado por Asturias en las elecciones de 1977,
escaño que obtiene aunque renuncia a los pocos meses para volver a México donde
fallece en 1992.
Creo que las nuevas generaciones
de estudiantes de Derecho deben conocer estas historias humanas e intelectuales
de profesores de gran altura intelectual y moral, y que el exilio o la muerte
provocada por el franquismo han terminado borrando de la memoria colectiva de
la universidad española.
Wenceslao Roces impartió una
Conferencia en el Segundo Congreso InterAmericano de Derecho Romano, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, el 19 de Julio de 1972; quiero transcribir su afirmación
final porque creo que su lectura es muy recomendable para quien estudia para
convertirse en jurista y también para los que de una forma u otra nos dedicamos
a ese oficio y queremos contribuir a un mundo más justo y humano:
“Y ya debo terminar. El acertado lema de este Congreso: por el Derecho
romano, pero más allá de él, debe ser algo más que una frase retórica. Plus
ultra!, como los grandes descubridores. Hacia la meta del Derecho justo, que
debe ser, no solamente la estrella polar del navegante, de que nos habla
Stammler, sino el puerto de arribada y desembarco: la meta de todos los
Derechos históricos y positivos, la realización de la justicia entre los
hombres. Pero una justicia que sea algo más que la tierra prometida y jamás
alcanzada. Una justicia operante, dotada de los recursos efectivos para
afirmarse y ejercerse.”
DIARIO DE UN
JURISTA. 20-1-2014
1. Presentación.
Queridos/as amigos/as, a principios de verano
ya os comenté en este muro que tenía intención de escribir con regularidad un
conjunto de notas donde se reflejara una síntesis de mi trabajo diario en torno
a mi oficio, que no es otro que la docencia y la investigación en materia
jurídica, con la esperanza de que la expresión escrita de mis reflexiones sobre
estos menesteres pudiera interesar, si daba con la tecla, a un sector amplio de
personas, juristas o no. Muchas son las dudas sobre el formato y los
contenidos, y como siempre pasa, se corre el riego de darle muchas vueltas al
como hacerlo, retrasando lo que debe rodar con un modesto objetivo de difusión,
mejorando y rectificando cuando sea necesario.
Finalmente me he autoimpuesto el formato de
diario (lunes a viernes) para no acumular material y someterme a la disciplina
de resumir en forma de valoraciones críticas muchas horas de “sentadas” delante
del ordenador trabajando sobre la materia prima de los juristas, las normas,
las sentencias de los tribunales y lo que escribe la doctrina. La idea es que
cada día ofrezca unas notas sobre la actualidad jurídica en sus distintas
vertientes y áreas, con ánimo informativo y formativo y siempre desde la
modesta opinión de un profesor de Derecho que entiende a éste como un
instrumento de cambio social hacia la justicia y el bienestar colectivo, aunque
sea consciente que igualmente puede ser una cobertura a las más infames
desigualdades y a la arrogancia despiadada de las oligarquías de toda clase.
Con independencia de la posición política de cada uno (no creo que los de
izquierda tengamos el monopolio de las causas justas) toda mi vida como
profesor de la Facultad
de Derecho la he dedicado (y seguiré en ello) a la formación de juristas
honestos que crean en la verdad y en lo justo, con toda la amplitud que eso
implica. Seguro que los mercenarios que utilizan la Ley para amparar las
injusticias más groseras no tienen mucho que aprender de estas humildes notas,
ni interés que tengo.
Hasta que el diario ruede un tiempo lo
publicaré en el muro y en mi blog; confio en que sirva para añadir elementos de
juicios a una amplia gama de lectores, que aunque supongo que serán juristas en
sus más variadas actividades, me encantaría que también pudiera interesar a
cualquier persona que no le tenga urticaria a la letra impresa (aunque en
formato electrónico).
Como se puede comprender, cuando la cuestión
a tratar lo merezca y si mis capacidades lo permiten, las notas se convertirán
en artículos y monografías (de mayor extensión y profundidad) cuya publicación
en su caso anunciaré debidamente por si algún alma caritativa tiene a bien
leerlas, aunque no puedo responder por el seguro sopor que causará incluso a
los más valientes.
2. NO HAY DERECHO A RIDICULIZAR. PROGRAMA
“CRÓNICAS MARCIANAS. NOTAS A LA
SENTENCIA 208/2013, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 16 DE
DICIEMBRE DE 2013
En mi blog “Profesor
Pedro Moreno Brenes”, he publicado este estudio jurídico (omitiendo el aparato
bibliográfico para permitir una más amplia difusión, sin perjuicio de su inclusión
en otro más extenso y a publicar en una revista académica). Por si os interesa
lo podéis leer en el blog; la conclusión es la siguiente:
lunes, 20 de enero de 2014
Notas a
Pedro Moreno
Brenes. Profesor titular. EU. Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga
1. Introducción
La cuestión que me ocupa en estas notas es
dilucidar si los programas de humor, que tan de moda se han puesto en los
últimos tiempos, tienen patente de corso para ridiculizar sin más fin que el
escarnio a una persona, y más en concreto a un discapacitado que aparentemente
presta su consentimiento. Como se comprobará, la doctrina sentada por la
mencionada sentencia puede constituir un sólido dique frente a un frívolo
ejercicio del derecho a la información y que tiene como víctimas a personas con
escasos resortes para defender su honor y que son “carne de cañón” de
profesionales de los medios de comunicación con débiles principios
deontológicos y que actúan al margen del legítimo ejercicio del derecho a
informar.
2 Antecedentes y
procesos
Don J.C.H.A, la víctima del escarnio, tiene
reconocida una discapacidad física y psíquica del 66 por 100 aunque no cuenta
con una declaración judicial de incapacidad.
Los hechos que dieron lugar a la demanda
fueron la emisión en el programa “Crónicas marcianas” el 16 de octubre de 2002, de una entrevista que
don Javier Cárdenas realiza a don J.C.H.A., así como la posterior difusión y
reseña de dicha entrevista en la página web de la cadena de televisión Telecinco.
En la entrevista se formula a don J.C.H.A. una serie de preguntas con el objeto
de confundir al entrevistado y que caiga en contradicciones patentes y dando
lugar a que responda únicamente “hombre, por supuesto”. En una segunda parte de
la entrevista, don Javier Cárdenas permite que don J.C.H.A. se coloca de espaldas
a la cámara y explica lo que espera de una mujer a preguntas del Sr Cárdenas
mientras se se oyen risas y jolgorio.
A lo anterior cabe añadir que la citada
entrevista fue reseñada días después en la página web del propio programa
“Crónicas marcianas” y la imagen de don J.C.H.A. aparece en la página web, con
unas enormes gafas y una foto distorsionada junto a la leyenda: “Periodista, soltero, ligón busca... J.
tiene muy claro el tipo de mujer que le gusta”, “si usted piensa que este
hombre es guapo acuda a Ópticas San Gabino, que decía un viejo anuncio de
gafas. Pero si verdaderamente lo sigue pensando, agradézcaselo a Javier
Cárdenas, y sobre todo no dude en permanecer alerta”.
La representación procesal de don J.H.M y de
sus padres interponen ante el Juzgado de Primera Instancia demanda sobre
protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
contra la entidad Gestevisión Telecinco, S.A, don Francisco Javier Sardá Tamaro
y don Javier Cárdenas Pérez, estos dos últimos director y colaborador del
programa. Los actores solicitan que se declare que la conducta desarrollada por
el periodista Javier Cárdenas, el director de este programa, Javier Sardá y la
cadena de televisión Telecinco, tiene como objetivo la burla y mofa de don J.C.H.A.
y, por ello, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen del actor
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia
estima parcialmente la demanda presentada por don J.C.H.A (no acepta la
legitimación procesal de sus padres) y declara que la conducta desarrollada por
los periodistas y la cadena de televisión implica una intromisión ilegítima en
el derecho al honor y a la propia imagen del actor, sin afectar a su intimidad
(no se habían facilitado datos de carácter personal e íntimo del demandante).
Recurrida la sentencia de primera instancia la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de los
demandados y parcialmente estima el recurso de apelación de los actores (sólo en la pretensión de que la intervención
de los padres del actor en el proceso a título de codemandantes)
Los demandados interponen recurso de casación
y el Tribunal Supremo lo estima[1]
el recurso ya que entiende que existe un
consentimiento válido del actor “pues si
bien resulta poco ético la actuación y comportamiento del medio televisivo, y
las personas físicas intervinientes, la misma no es reprobable desde el ámbito
estrictamente jurídico, al no suponer socialmente en tal contexto un menoscabo
a su fama, dignidad y propia estima”.
Finalmente el Fiscal ante el Tribunal
Constitucional promueve recurso de amparo con la legitimación de los arts. 162.1 b) de la Constitución y 46.1
b) de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, contra la mencionada Sentencia del Tribunal
Supremo, que es estimado por la sentencia que se comenta en estas notas.
3. Derechos
fundamentales en juego
Como fácilmente se deduce de los antecedentes
relatados en el punto anterior, los derechos que confrontan en este pleito son,
por una parte el derecho al honor y a la propia imagen (art.18 de la Constitución ) y el
derecho a la información del artículo 20 de nuestro texto constitucional.
Para una mejor compresión de la confrontación
argumental que se dilucida en este proceso de amparo, tomo la síntesis
doctrinal que el TC hace en la misma sentencia comentada, y así el TC dispone
respecto al derecho a la información que:
“en nuestro
ordenamiento, la libertad de información ocupa una posición especial, puesto
que a través de este derecho no sólo se protege un interés individual sino que
su tutela entraña el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia
de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político
propio del Estado democrático….. Ahora bien, como se sabe, hemos condicionado
la protección constitucional de la libertad de información a que ésta sea veraz
y esté referida a asuntos de relevancia pública que son de interés general por
las materias a que se refiere y por las personas que en ellos intervienen;
contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública”( FJ.5)
Ahora bien, como señala el mismo Tribunal el valor preferente del derecho a la información no significa dejar vacíos de contenido a los derechos fundamentales de las personas afectadas o perjudicadas por esa información, y es aquí donde hay que sacar a relucir el derecho al honor y a la propia imagen del Sr. sin entrar en la intimidad (ya que su vulneración se descartó desde el primer momento por los tribunales.
Conviene, como el mismo TC plantea, deslindar
los derechos del art. 18.1 CE, ya que aunque mantienen una estrecha relación
por encuadrarse en el ámbito de la personalidad, “cada uno de ellos tiene un contenido propio y específico”.
Sobre la base del FJ 3 de la sentencia, se
puede resumir diciendo que:
a) Respecto al derecho al honor la protección
dispensada para ese derecho “alcanza a la buena reputación de una
persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer
en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio” y “puede
afirmarse que el derecho al honor es una emanación de la dignidad, entendido
como el derecho a ser respetado por los demás.”
b) El derecho a la
propia imagen contribuye, junto a los derechos a la intimidad personal y
familiar y al honor a preservar la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y se
salvaguarda reconociendo la facultad de evitar la difusión incondicionada del
aspecto físico “ya que constituye el
primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto
instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor
imprescindible para su reconocimiento como sujeto individual”.
4. Decisión en la confrontación
Como ya adelantaba en el punto 1, el TC entiende que en este caso prevalece la necesidad de preservar el derecho al honor y a la propia imagen de JCHA. El TC concluye que:
“..la información y la actividad desarrollada en el programa “Crónicas
marcianas” con don J.C.H.A. carece, desde cualquier perspectiva, del interés
público y la relevancia pública necesaria para que esté cubierta por el
ejercicio de esa libertad por profesionales de la información y, muy al
contrario, resulta una clara intromisión y abuso de sus derechos fundamentales
al honor y a la propia imagen. Y es que, en efecto, la entrevista realizada por
don Javier Cárdenas al señor H., posteriormente emitida en el referido
programa, y reflejada también en su página web, no sólo carecía de valor
informativo alguno, sino que, además, fue realizada únicamente con propósito
burlesco, para ridiculizar al entrevistado, poniendo de relieve sus signos
evidentes de discapacidad físicas y psíquicas, animus iocandi que fue advertido
tanto en la Sentencia
de primera instancia como en la dictada en apelación, e incluso en la recaída
en casación, que consideró poco ética la actuación del medio televisivo”.
Sentada la clara vulneración del derecho al honor y a la propia imagen y la inexistente cobertura en el derecho a la información, solo quedaba resolver otro eslabón del debate jurídico planteado, y no es otro que la eventual relevancia del supuesto consentimiento de JCHA al comparecer voluntariamente a la entrevista de marras.
El TC concluye
que “no existe en este caso un
consentimiento válido y eficaz que permita excluir la ilicitud de la
intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen de don J.C.H.A” ya
que era evidencia la incapacidad del
entrevistado para tomar conciencia del alcance de la entrevista y de las
características del programa y los demandados utilizaron la situación de
vulnerabilidad de este señor “.. con la
clara y censurable intención de burlarse de sus condiciones físicas y
psíquicas, atentando de esa manera no sólo contra sus derechos al honor y a la
propia imagen, sino incluso contra su dignidad.”
En definitiva, el
derecho a la información (o en su caso la libertad de expresión) cuando no
existe el interés público y la relevancia pública exigible, no ampara las
prácticas inmorales de denigrar a un ser humano, salvo que éste con plena
capacidad lo consienta. Si es masoquista y disfruta con la humillación es su
problema, pero si está incapacitado es una obligación de todos evitar que esto
ocurra. La constitución nos apoya en esta tarea.
[1] Contra la Sentencia del TS, el
Ministerio Fiscal promovió, al amparo de lo previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ), incidente de nulidad de actuaciones y por auto el TS
acuerda no haber lugar a la pretensión de nulidad de actuaciones, aunque con un
votor particular a favor de la admisión.
[2] Para eludir la aparente exigencia legal
de incapacitación judicial para
condicionar el consentimiento ( que es en definitiva la tesis del TS y por lo
que estima el recurso de los periodistas y del medio demandado), El TC señala
que “el hecho de que no mediara una
declaración judicial de incapacitación del señor H., pues ello supondría, en
definitiva, supeditar la eficacia de la previsión del art. 49 CE, y el
consiguiente disfrute por parte de las personas con discapacidad de los
derechos constitucionales, a la existencia de tal declaración, limitación que
en modo alguno cabe extraer de la previsión constitucional”.
jueves, 9 de enero de 2014
EL DINERO DE LA GUERRA
Mi columna en SUR. 6-1-2014
Aquí hay algo que no cuadra, como en las cuentas del Gran Capitán.
Barro, ratas, miedo, muerte; esta era la vida cotidiana de miles de soldados cuando despertaban de la pesadilla soñada para entrar de lleno en el infierno real en unas trincheras donde se agazapaban para evitar que un francotirador les volaran la cabeza antes de tiempo; pero esto n...o era lo peor, no, era música celestial para ellos. Lo malo llegaba cuando un oficial aullaba que tenían que saltar esas tumbas en vida para buscar, al trote y bayoneta calada, al enemigo, con todas las papeletas de encontrar otra tumba, pero esta vez definitiva; si milagrosamente lograban llegar a las posiciones enemigas, aterrorizado por ver como a su alrededor han masacrado a sus camaradas de trinchera, la alternativa era sobrevivir después de un cuerpo a cuerpo con otro soldado, tan aterrorizado como él, y que pugna por clavar en las costillas antes que el otro la bayoneta; en fin, una orgía de muerte y brutalidad en nombre de la patria.
Esta descripción no es, claro está, producto de mi experiencia; no he sido combatiente en ninguna guerra, pero son miles los testimonios desgarradores recogidos en libros, artículos, documentales o recreados en películas legendarias; hay que verlos, hay que leerlos, pero sobre todo hay que hacer un esfuerzo mental para intentar sentir el uno por ciento de la angustia, el miedo, el pánico de estos semejantes, para que nos entre urticaria ante la palabra guerra y conjurarnos a que estos asesinatos patrióticos se erradiquen de la tierra. Este año, en julio para ser más exacto, hará 100 años del inicio de la primera guerra mundial, una sangría de casi 10 millones de muertos, que junto a su hermana más joven, el conflicto 39-45, han encabezado el listado siniestro de matanzas del pasado siglo, donde los españoles también nos llevamos una parte de este venenoso pastel en la guerra de Marruecos o en la guerra iniciada en 1936 por el golpe militar de unos fascistas que añoraban el “orden” y consiguieron la paz de los cementerios. En los siglos anteriores, este “jinete del Apocalipsis” no ha dejado de atormentar a la humanidad, y en el siglo que ahora vivimos, por desgracia sigue en activo como se demuestra en las guerras que asolan algunos países africanos o la matanza en Siria.
¿Acaso los humanos estamos diseñados para matarnos con esta constancia perruna? De lo que he podido leer sobre sociología y antropología de la guerra, parece que en las personas predomina el deseo de paz y convivencia frente a la violencia y la rapiña de la guerra, pero claro, siempre ha existido un listo que ha convertido su deseo de riqueza y poder en una bandera con la que mandar a la muerte a carne de cañón al golpe de tambor e himnos patrióticos. Cuando tocaba enterrar a los muertos, siempre había alguno que contaba sus ganancias, indiferente al panorama de miseria y luto que caracteriza a las postguerras. No digo con esto que todos los que se dejaban la piel en las guerras defendían lo mismo; no se podrá nunca confundir a los que provocan las guerras que a los que se defienden, y sin el sacrificio de millones de jóvenes que pararon los pies a los ejércitos nazi-fascistas, este mundo sería ahora mucho peor. Pero tengo claro que junto a las bestias pardas que adoraban a Hitler, estaban los que adoraban los espectaculares beneficios que estos les proporcionaban, y así las castas alemanas de las finanzas y de la industria del armamento alimentaron la maquinaria de guerra y a sus propias cuentas corrientes y, casualidades de la vida, no fueron condenadas o recibieron penas muy benignas en los famosos juicios de Nuremberg. Hermann Abs , uno de los banqueros personales de Hitler, nunca fue juzgado, y los industriales Friedrich Flick y Alfried Krupp (unos pájaros que se enriquecieron utilizando mano de obra esclava de los campos de concentración) fueron pronto liberados a instancia de J. McCloy, el Alto Comisionado de la Alemania ocupada. Sonaban los tambores de la guerra de Corea y ahora los grandes capitalistas encontraban un enemigo común, el comunismo, y había que superar viejas rencillas olvidando la responsabilidad de los que ganaron mucho dinero a costa de de millones de muertos.
La defensa y la seguridad colectiva son necesarias para evitar que cualquier miserable pueda poner al mundo a sus pies, y eso exige, con la debida proporción, una estructura profesional que las garanticen a través de la fuerzas armadas. Pero creo que ha llegado la hora de revisar la máxima “Si vis pacem, para bellum” (si quieres la paz, prepara la guerra). En una sociedad internacional en la que de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, como regla general, está prohibido el uso de la fuerza por los Estados, no es racional ni moral seguir dedicando ingentes cantidades de recursos a preparar la guerra. Aquí hay algo que no cuadra, como en las cuentas del Gran Capitán.
Mi columna en SUR. 6-1-2014
Aquí hay algo que no cuadra, como en las cuentas del Gran Capitán.
Barro, ratas, miedo, muerte; esta era la vida cotidiana de miles de soldados cuando despertaban de la pesadilla soñada para entrar de lleno en el infierno real en unas trincheras donde se agazapaban para evitar que un francotirador les volaran la cabeza antes de tiempo; pero esto n...o era lo peor, no, era música celestial para ellos. Lo malo llegaba cuando un oficial aullaba que tenían que saltar esas tumbas en vida para buscar, al trote y bayoneta calada, al enemigo, con todas las papeletas de encontrar otra tumba, pero esta vez definitiva; si milagrosamente lograban llegar a las posiciones enemigas, aterrorizado por ver como a su alrededor han masacrado a sus camaradas de trinchera, la alternativa era sobrevivir después de un cuerpo a cuerpo con otro soldado, tan aterrorizado como él, y que pugna por clavar en las costillas antes que el otro la bayoneta; en fin, una orgía de muerte y brutalidad en nombre de la patria.
Esta descripción no es, claro está, producto de mi experiencia; no he sido combatiente en ninguna guerra, pero son miles los testimonios desgarradores recogidos en libros, artículos, documentales o recreados en películas legendarias; hay que verlos, hay que leerlos, pero sobre todo hay que hacer un esfuerzo mental para intentar sentir el uno por ciento de la angustia, el miedo, el pánico de estos semejantes, para que nos entre urticaria ante la palabra guerra y conjurarnos a que estos asesinatos patrióticos se erradiquen de la tierra. Este año, en julio para ser más exacto, hará 100 años del inicio de la primera guerra mundial, una sangría de casi 10 millones de muertos, que junto a su hermana más joven, el conflicto 39-45, han encabezado el listado siniestro de matanzas del pasado siglo, donde los españoles también nos llevamos una parte de este venenoso pastel en la guerra de Marruecos o en la guerra iniciada en 1936 por el golpe militar de unos fascistas que añoraban el “orden” y consiguieron la paz de los cementerios. En los siglos anteriores, este “jinete del Apocalipsis” no ha dejado de atormentar a la humanidad, y en el siglo que ahora vivimos, por desgracia sigue en activo como se demuestra en las guerras que asolan algunos países africanos o la matanza en Siria.
¿Acaso los humanos estamos diseñados para matarnos con esta constancia perruna? De lo que he podido leer sobre sociología y antropología de la guerra, parece que en las personas predomina el deseo de paz y convivencia frente a la violencia y la rapiña de la guerra, pero claro, siempre ha existido un listo que ha convertido su deseo de riqueza y poder en una bandera con la que mandar a la muerte a carne de cañón al golpe de tambor e himnos patrióticos. Cuando tocaba enterrar a los muertos, siempre había alguno que contaba sus ganancias, indiferente al panorama de miseria y luto que caracteriza a las postguerras. No digo con esto que todos los que se dejaban la piel en las guerras defendían lo mismo; no se podrá nunca confundir a los que provocan las guerras que a los que se defienden, y sin el sacrificio de millones de jóvenes que pararon los pies a los ejércitos nazi-fascistas, este mundo sería ahora mucho peor. Pero tengo claro que junto a las bestias pardas que adoraban a Hitler, estaban los que adoraban los espectaculares beneficios que estos les proporcionaban, y así las castas alemanas de las finanzas y de la industria del armamento alimentaron la maquinaria de guerra y a sus propias cuentas corrientes y, casualidades de la vida, no fueron condenadas o recibieron penas muy benignas en los famosos juicios de Nuremberg. Hermann Abs , uno de los banqueros personales de Hitler, nunca fue juzgado, y los industriales Friedrich Flick y Alfried Krupp (unos pájaros que se enriquecieron utilizando mano de obra esclava de los campos de concentración) fueron pronto liberados a instancia de J. McCloy, el Alto Comisionado de la Alemania ocupada. Sonaban los tambores de la guerra de Corea y ahora los grandes capitalistas encontraban un enemigo común, el comunismo, y había que superar viejas rencillas olvidando la responsabilidad de los que ganaron mucho dinero a costa de de millones de muertos.
La defensa y la seguridad colectiva son necesarias para evitar que cualquier miserable pueda poner al mundo a sus pies, y eso exige, con la debida proporción, una estructura profesional que las garanticen a través de la fuerzas armadas. Pero creo que ha llegado la hora de revisar la máxima “Si vis pacem, para bellum” (si quieres la paz, prepara la guerra). En una sociedad internacional en la que de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, como regla general, está prohibido el uso de la fuerza por los Estados, no es racional ni moral seguir dedicando ingentes cantidades de recursos a preparar la guerra. Aquí hay algo que no cuadra, como en las cuentas del Gran Capitán.
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