domingo, 29 de septiembre de 2013



MIS TRES ÚLTIMAS COLUMNAS EN SUR
 
 
 
SE LLAMA JAVIER

 

En la dependencia hay nombres, rostros y miles de historias con toneladas de ternura y sacrificio

 

Se llama Javier, pero ustedes pueden añadir  los nombres que seguro que conocen por un vecino, compañero de trabajo, conocido o familiar. En todos los casos se produce la reunión de sentimientos y emociones más singular que conozco, ya que con altibajos, se prolonga en el tiempo (a veces toda una vida) y ponen al mismo nivel el amor al ser querido, la rabia e impotencia ante lo irreversible y la capacidad de sacrificio más extrema. No hablo de heroicidades que aparecen en los medios de comunicación, no tendrán monumentos ni calles dedicadas, pero son miles de personas que todos los días, a todas horas, sin fiestas ni sábados ni domingos, batallan con las secuelas de un asalto cruel a la memoria por el Alzheimer, con una persona que quiere vivir en un cuerpo que no se mueve por culpa de un accidente o una enfermedad, o simplemente que no dan más de sí por los muchos años acumulados.

 

La dependencia, queridos lectores, es muy sufrida, casi siempre callada, pero si queremos construir una sociedad decente, esta dura realidad no puede ser olvidada. Los dependientes y los cuidadores deben formar parte de las agendas públicas porque cada vez habrá más personas que con carácter permanente (por edad, enfermedad o discapacidad) perderán su autonomía y necesitarán la atención de los cuidadores. Hace poco, en esta misma columna, escribía sobre la austeridad, que en mi opinión implica gastar en la cuantía y en los conceptos que son necesarios para llevar una vida digna. Si los recursos son escasos, como siempre pasa, la austeridad exige marcar prioridades en el gasto público, y no me cabe duda que dedicar recursos a que los cuidadores puedan ayudar a los dependientes a desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria, es el dinero mejor gastado de este mundo, junto al dedicado a la sanidad, educación, o a la lucha contra el paro y la pobreza. Los defraudadores, los corruptos que saquean los dineros públicos o los derrochadores que los dilapidan por caprichos de un ego desmedido que todos pagamos, los inmensamente ricos que son incapaces de deletrear las palabras fraternidad y justicia, los especuladores que ponen de rodilla a los gobiernos para que recorten gasto social y así financiar sus chantajes con la deuda; en fin, toda esta cuadrilla de inmorales son los culpables; de ahí hay que sacar los recursos junto con el fomento de la actividad económica, y no recortando a los que no han creado a crisis, sino que la sufren.

 

Como dije al principio, tienen nombre, tiene rostro. Les cuento el que mejor conozco porque es mi sobrino y es autista, Javier, el niño (con sus 22 años) más cariñoso del mundo aunque vaya a su bola cuando quiere o sea capaz de repetir algo con una constancia agotadora. Mi hermano, mi cuñada, y el hermano de Javier lo han pasado mal y seguro que les quedarán muchos sinsabores, pero no han renunciado jamás a captar una sonrisa de este grandullón desde que era un bebé. El autismo no ayuda, aísla, lo pone difícil, muy difícil, pero las familias se han conjurado para que estos niños y jóvenes tengan derecho a ser felices en su mundo más o menos limitado. Lo mismo que los padres que quieren que su hijo en silla de ruedas puedan contar con algún momento de felicidad, o las hijas (casi siempre son mujeres) que se desviven para que a sus mayores la vejez no se convierta en sinónimo de pesadilla y soledad. Y podíamos seguir con miles de ejemplos, con miles de historias, con toneladas de ternura y sacrificio.

 

Mi reconocimiento a los dependientes que sufren (conscientemente o en su mundo), a sus familias y cuidadores, a las asociaciones que han formado. Todos luchan por sus seres queridos sin autonomía personal y se dedican en cuerpo y alma a su cuidado para que ellos, dentro de las limitaciones, también puedan disfrutar de la vida. Mi admiración  a esos padres que viven con modestia y ahorran para preparar (cuando ellos falten) las mejores condiciones para que Javier (o Pepe, Manolo o María) sigan viviendo rodeados del cariño, el mismo que ellos aportan a los que los quieren. Aunque a veces el ciclo se altera, y me van a  permitir por eso un emocionado abrazo a unos queridos amigos de Alicante, que hace poco han sufrido la pérdida anticipada e inesperada de su niño grande, Dios lo tenga en su gloria.

 
ESPAÑA NO ES EL PROBLEMA

 

Es la Nación española la titular de la soberanía nacional, y el único cuerpo político capacitado para decidir, modificación la Constitución, una eventual independencia de Cataluña.

 

Son miles de personas las que en varias ocasiones han llenado las calles para protestar por la política de recortes del gobierno del PP, y yo, que he participado en muchas de ellas y alguna experiencia tengo en manifestaciones, les aseguro que hacía tiempo que no asistía a movilizaciones de tal calado; esto debería hacer reflexionar a los que nos gobiernan y llevan a la ruina actuando al dictado de especuladores sin rostro ni patria, frente a los que hay que poner en valor la soberanía nacional, que recordemos, reside en el pueblo español, no en el andaluz, catalán o vasco.

 

Considero que es una maniobra de distracción la que protagoniza otro gobierno de derechas, el encabezado por Artur Mas en Cataluña, que ha impulsado el pasado 11 de septiembre, con gran éxito, una cadena humana de miles de ciudadanos en las calles para pedir que Cataluña se separe de España y así “solucionar sus problemas”, cuando sus problemas son los mismos que los de los demás españoles, y los causantes son los que están desmantelando el Estado Social de Derecho a golpe de decretos-leyes, da igual que se llamen Mariano Rajoy o Artur Mas. Sin embargo, leyendo y escuchando declaraciones de algunos de los asistentes, me entra la duda de si las centenares de miles de personas que salieron a la calle son todos independentistas, o cabe integrar en ese amplio colectivo a posiciones más matizadas (federalistas). Llamativo también resulta el entusiasmo en el apoyo a esta cadena humana del actual Gobierno catalán, y más en concreto Artur Mas, presidente de la federación Convergència i Unió y de Convergència Democràtica de Catalunya y actual presidente de Cataluña, grupo político que hasta ahora había mantenido una calculada ambigüedad en esta materia, es más, ha defendido el Estatuto de Cataluña, que no es otra cosa que una Ley Orgánica del Estado Español del que ahora quieren separarse.

 

¿Porqué este giro soberanista ahora?  Estoy convencido que este impulso de la causa independentista no es espontáneo, y llama la atención el que esté encabezada por un gobierno nacionalista conservador que se ha caracterizado por iniciar su andadura en 2010 con la mayor política de recortes sociales que ha sufrido Cataluña, hasta el punto de que al gobierno del PP le ha servido de modelo en el acelerado (alocado diría yo) proceso de desmantelamiento del sistema de servicios públicos; y ahora resulta que de todos los males de Cataluña es culpable España y no la política de derechas pura y dura que ejecuta Mas y sus nacionalistas; parece que la jugada le ha salido bien, y una parte importante de la opinión pública catalana piensa así. Ojalá los catalanes mantengan la suficiente conciencia ciudadana para identificar a los causantes de tanto paro y crisis económica en sus verdaderos responsables, las oligarquías económicas (incluidas las catalanas), y no en el conjunto de los españoles, que sufrimos la crisis igual que ellos.

 

Dicho lo anterior, sería una hipótesis de laboratorio pensar que la independencia de Cataluña depende solo de los catalanes, ya que esto sería simplemente imposible en términos constitucionales; es la Nación española (es decir el pueblo español) la titular de la soberanía (art. 1 de la CE), y en consecuencia el único cuerpo político capacitado para decidir, a través de la correspondiente modificación de la Constitución, una eventual separación de Cataluña del Estado español, y la propia sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña ha cerrado cualquier duda jurídica al negar la naturaleza de Nación a esta Comunidad Autónoma.

 

En cualquier caso, me distancio y repruebo cualquier intento de criminalización política de este movimiento de apoyo a la independencia de Cataluña, ya que se ampara en el pluralismo político que inspira nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y constituye  legítimo ejercicio de la libertad ideológica (art. 16 CE), libertad de expresión (art. 20 CE) y de manifestación (art. 21 CE). Por el bien de un proyecto en el que creo, la España unida en el modelo federal y solidario, quiero que este movimiento independentista no tenga ningún éxito, pero en la misma proporción espero por nuestra España democrática, que las amenazas y brabuconadas de sectores de ultraderecha se queden en mero testimonio de la España negra que entre toda la gente de bien hemos desterrado a la historia.   

 
LA AUSTERIDAD

 

La austeridad no debe ser un valor de la crisis, debe inspirar la gestión pública en todo momento

 

Son tiempos de crisis, y entre otras cosas ésta incorpora al lenguaje cotidiano, y en especial a la jerga institucional, la utilización masiva de frases y términos que aparecen como talismán para situar a quien las utiliza como alguien apegado al terreno; así no se les cae de la boca a muchos representantes institucionales la manida afirmación de “en época de crisis hay que ser austeros”. Siempre que la escucho o leo reacciono de la misma manera, ¡no sólo en época de crisis, hay que ser austeros siempre, con crisis o con bonanza”. Esta máxima, que un servidor defiende con total convicción, se practica poco, y comprobamos como grandes excesos de otros momentos, o se mantienen en el presente o incluso, con gran cinismo, se utilizan como excusa para recortes a prestaciones sociales, decididos curiosamente por los mismos que antes malgastaron.

 

La austeridad significa que hay que gastar solo en la cuantía y en los conceptos que son necesarios para llevar una vida digna, y como a nivel personal o como nación, no siempre contamos con la garantía de unos recursos estables, todo el ahorro que acumulamos en los momentos de más ingresos nos sirve para atender esas necesidades básicas en los momentos de crisis. Por eso, la austeridad no puede ser un valor de la crisis, debe ser un principio estructural presente en el día a día, y en especial entre los que gestionan la cosa pública.

 

En lo individual, siempre he creído que las necesidades personales, (sea cual sea el contexto de cada uno) tienen un límite. Nunca defenderé que la solución pase por una generalización de la miseria; será lícito el nivel de vida derivado del trabajo honesto de cada cual. Sin embargo, considero inmoral los derroches que algunos mantienen, no para atender sus necesidades (que las tiene más que cubiertas) sino por un “exhibicionismo social” propio de los que han escondido su conciencia tan bien que ya no saben donde la tienen. Medir la calidad de vida en consumir millonadas  simplemente porque se lo pueden permitir,  abofetea la dignidad de muchas personas que podrían vivir mejor con esos recursos malgastados. Esos personajes no le dan “glamour”  ni bienestar a ninguna ciudad o colectividad, más al contrario lo que hacen es desprestigiar todo lo que tocan. Por otra parte no hay que ser ingenuos, las riquezas de personajes (que, en muchos casos, unen un escaso talento y laboriosidad a su profunda indecencia), no siempre tienen un origen lícito y se corre el riego de acoger y potenciar socialmente a una cuadrilla de delincuentes.

 

En el plano público, la austeridad debe ser un mandato jurídico que inspire toda la actuación administrativa. Abogo por su articulación legal, de tal modo que sea posible su control al igual que la estabilidad presupuestaria o la disponibilidad de crédito en el Presupuesto. Hoy en día, si se tiene consignación, se sigue el procedimiento y no se incurre en un delito o en una manifiesta ilegalidad, se puede gastar todo lo que se quiera y en lo que se quiera, y así nos encontramos aeropuertos sin aviones, sueldos inmorales, museos que son un pozo sin fondo, cargos manifiestamente innecesarios, viajes oficiales donde se apunta hasta el último mono, lujosas ediciones que nadie lee y se acumulan en los almacenes, excesos en el protocolo que no responden a la necesaria hospitalidad y dignidad del cargo, …; son gastos formalmente legales pero que no respetan la necesaria austeridad. Esos recursos malgastados son los que después faltan para políticas sociales, aquellas que deberían convertirse en derechos irreversibles, sanidad, educación o seguridad social. Paradójicamente, PP y PSOE cambiaron la Constitución para consagrar la “estabilidad presupuestaria” (que, entre otras cosas, pone límites a los gastos sociales).

 

Hay que convertir en operativo el artículo 31.2. de la Constitución, que dice: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”; se trata de que los controles internos (jurídicos y económicos) y el judicial puedan evitar derroches que superen con creces las necesidades objetivas y legítimamente definidas en los programas políticos de los que gobiernan. No se trata, ni mucho menos, de sustituir las prioridades en el gasto que deben definir los elegidos (directa o indirectamente) por el Pueblo, pero si evitar los gastos que no resistan un elemental contraste con la equidad. En síntesis, planteo la necesidad de reformas para que no pueda ser legal un gasto caprichoso e insostenible mientras millones de ciudadanos no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

miércoles, 11 de septiembre de 2013



¿SON LOS DERECHOS HUMANOS?

 Mi columna de SUR de la semana pasada.

Que la ONU haga su trabajo y se defiendan todos los derechos humanos, pero dejando siempre una oportunidad a la Paz.

Llevamos varios días pendientes de los gestos y declaraciones de Obama respecto a la anunciada intervención militar de EEUU en Siria, donde la brutalidad del gobierno y de los rebeldes está provocando crímenes horrendos en la población civil. ¿Puede hacerlo? En Derecho Internacional la Carta de Naciones Unidas es clara al señalar que “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado” (art. 2.4); por tanto está  prohibido el uso de la fuerza salvo en ejercicio del “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones” (art.51) o cuando esté en juego 1a paz y la seguridad internacional y siempre previa autorización del Consejo de Seguridad (art.42). La intervención militar para defender los derecho humanos en un Estado en el que sus autoridades los viole, es una posibilidad cuyo debate se acentúa con los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia; la respuesta se articula en la llamada doctrina de la “responsabilidad de proteger”, recogida en el punto 139 del documento final de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno reunidos en Naciones Unidas en  septiembre de 2005 (y asumido por la Asamblea General en octubre), según la cual “estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. Un ejemplo en la aplicación de esta doctrina lo encontramos en los bombardeos de 2011 contra las instalaciones gubernamentales en Libia, amparados en la resolución del Consejo de Seguridad 1973, de marzo de 2011.  Por tanto, las naciones han formulado una base para la intervención militar contra las atrocidades, acotando los casos y los requisitos, y reafirmado la necesaria autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. El que EEUU sea la nación más poderosa no le autoriza a convertir la voluntad de su presidente en patente de corso para atacar a otra nación al margen de la legalidad internacional. EEUU no cuenta con el respaldo del Derecho Internacional para su anunciada intervención ya que no existe autorización del Consejo de Seguridad. ¿Qué le mueve entonces a iniciar esta guerra?, ¿la defensa de los derechos humanos?. Me da la impresión de que son otros intereses, geoestratégicos y económicos los que fundamentan esta intervención, ya que un mero repaso a la sistemática violación de los derechos en algunos Estados aliados de EEUU nos demuestra que el Tío Sam no mueve los tanques para evitar masacres, es más , en ocasiones lo hace para apoyar a dictaduras atroces.

Jamás defenderé al presidente sirio Al Assad, como tampoco lo hice con Sadam, Gadafi, ni otros tiranos y criminales de similar calaña, por cierto, no peor que la familia real de Arabia Saudí, tan sensible ante los crímenes en Siria, cuando mantiene un régimen teocrático y viola los derechos humanos sin rubor en su territorio. Pero la anunciada intervención, como creo que ha quedado demostrado, será otra versión del pateo al Derecho Internacional al que siempre han sido tan aficionados los sucesivos gobiernos de EEUU. ¿Quién ha cometido la masacre con armas químicas?; no sé si el régimen sirio sería capaz, pero demostraría ser tonto, aparte de asesino, pues le habría dado la excusa perfecta a Obama y aliados para justificar la guerra. La ONU envía inspectores a la zona, pero los servicios secretos de EEUU (que son más listos, ya se sabe) dicen que no hace falta esperar a lo que digan los inspectores, el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, afirma que según la información de inteligencia “no fueron los rebeldes y que el Gobierno sirio fue el responsable". ¿Se acuerdan de las armas de destrucción masiva en Irak?, hasta fotos sacaron en la ONU, después se demostró que eran mentira, pero los muertos, muertos quedaron.

No soy partidario de mirar a otro lado ante los crímenes que algunos gobiernos perpetran contra sus pueblos, pero el uso de la fuerza por los Estados se debe ajustar a la legalidad para evitar a los matones internacionales.  Que la ONU haga su trabajo, que se defiendan todos los derechos humanos sin distinción, pero sin hacerlo depender de los intereses económicos y geoestratégicos de las grandes potencias y dejando siempre una oportunidad a la Paz.



 
LA AUSTERIDAD
Mi columna del lunes del SUR.
 
La austeridad no debe ser un valor de la crisis, debe inspirar la gestión pública en todo momento
Son tiempos de crisis, y entre otras cosas ésta incorpora al lenguaje cotidiano, y en especial a la jerga institucional, la utilización masiva de frases y términos que aparecen como talismán para situar a quien las utiliza como alguien apegado al terreno; así no se les cae de la boca a muchos representantes institucionales la manida afirmación de “en época de crisis hay que ser austeros”. Siempre que la escucho o leo reacciono de la misma manera, ¡no sólo en época de crisis, hay que ser austeros siempre, con crisis o con bonanza”. Esta máxima, que un servidor defiende con total convicción, se practica poco, y comprobamos como grandes excesos de otros momentos, o se mantienen en el presente o incluso, con gran cinismo, se utilizan como excusa para recortes a prestaciones sociales, decididos curiosamente por los mismos que antes malgastaron.
La austeridad significa que hay que gastar solo en la cuantía y en los conceptos que son necesarios para llevar una vida digna, y como a nivel personal o como nación, no siempre contamos con la garantía de unos recursos estables, todo el ahorro que acumulamos en los momentos de más ingresos nos sirve para atender esas necesidades básicas en los momentos de crisis. Por eso, la austeridad no puede ser un valor de la crisis, debe ser un principio estructural presente en el día a día, y en especial entre los que gestionan la cosa pública.
En lo individual, siempre he creído que las necesidades personales, (sea cual sea el contexto de cada uno) tienen un límite. Nunca defenderé que la solución pase por una generalización de la miseria; será lícito el nivel de vida derivado del trabajo honesto de cada cual. Sin embargo, considero inmoral los derroches que algunos mantienen, no para atender sus necesidades (que las tiene más que cubiertas) sino por un “exhibicionismo social” propio de los que han escondido su conciencia tan bien que ya no saben donde la tienen. Medir la calidad de vida en consumir millonadas  simplemente porque se lo pueden permitir,  abofetea la dignidad de muchas personas que podrían vivir mejor con esos recursos malgastados. Esos personajes no le dan “glamour”  ni bienestar a ninguna ciudad o colectividad, más al contrario lo que hacen es desprestigiar todo lo que tocan. Por otra parte no hay que ser ingenuos, las riquezas de personajes (que, en muchos casos, unen un escaso talento y laboriosidad a su profunda indecencia), no siempre tienen un origen lícito y se corre el riego de acoger y potenciar socialmente a una cuadrilla de delincuentes.
En el plano público, la austeridad debe ser un mandato jurídico que inspire toda la actuación administrativa. Abogo por su articulación legal, de tal modo que sea posible su control al igual que la estabilidad presupuestaria o la disponibilidad de crédito en el Presupuesto. Hoy en día, si se tiene consignación, se sigue el procedimiento y no se incurre en un delito o en una manifiesta ilegalidad, se puede gastar todo lo que se quiera y en lo que se quiera, y así nos encontramos aeropuertos sin aviones, sueldos inmorales, museos que son un pozo sin fondo, cargos manifiestamente innecesarios, viajes oficiales donde se apunta hasta el último mono, lujosas ediciones que nadie lee y se acumulan en los almacenes, excesos en el protocolo que no responden a la necesaria hospitalidad y dignidad del cargo, …; son gastos formalmente legales pero que no respetan la necesaria austeridad. Esos recursos malgastados son los que después faltan para políticas sociales, aquellas que deberían convertirse en derechos irreversibles, sanidad, educación o seguridad social. Paradójicamente, PP y PSOE cambiaron la Constitución para consagrar la “estabilidad presupuestaria” (que, entre otras cosas, pone límites a los gastos sociales).
Hay que convertir en operativo el artículo 31.2. de la Constitución, que dice: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”; se trata de que los controles internos (jurídicos y económicos) y el judicial puedan evitar derroches que superen con creces las necesidades objetivas y legítimamente definidas en los programas políticos de los que gobiernan. No se trata, ni mucho menos, de sustituir las prioridades en el gasto que deben definir los elegidos (directa o indirectamente) por el Pueblo, pero si evitar los gastos que no resistan un elemental contraste con la equidad. En síntesis, planteo la necesidad de reformas para que no pueda ser legal un gasto caprichoso e insostenible mientras millones de ciudadanos no tienen cubiertas sus necesidades básicas.