"VISTO PARA
SENTENCIA", mi columna del lunes 10 de junio en SUR
Jesús miró a sus discípulos y les dijo: “No juzguéis a nadie y Dios no os
juzgará a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no os condenará. Perdonad y
Dios os perdonará.” (Lucas, 20, 37); sin perjuicio de las convicciones
religiosas de cada uno, buen criterio general es éste para evitar juicios
precipitados, opiniones infundadas y esa enorme capacidad humana para encontrar
defectos en los demás que reconocemos tan bien porque los practicamos con
asiduidad nosotros mismos. Dicho lo anterior, en una sociedad civilizada el
conflicto existe (en las dictaduras se oculta y reprime) y su solución, cuando
los interesados no llegan a un consenso, debe encontrar una respuesta justa
para las partes y conforme a Derecho (orden jurisdiccional civil, social y
contencioso-administrativo); cuando alguien lesiona de forma grave bienes
jurídicos que la sociedad considera de vital importancia, es decir comete un
delito o una falta, salvo contadas ocasiones, las partes afectadas no pueden
decidir la respuesta, ésta viene predeterminada en el Código Penal, lo
contrario implicaría una justicia penal a la carta donde el asesino o el estafador
conseguiría el “perdón” de la victima, (probablemente con coacción o dinero)
pateando derechos básicos irrenunciables. La Constitución reserva
a los órganos jurisdiccionales la función de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, que implica declarar el derecho para cada caso concreto y por eso se
les reviste de una potestad que el común de los mortales no tenemos, con sus
consiguientes responsabilidades. Lo que juzgados y tribunales declaran en sus
sentencias afecta directamente a las partes y es de obligado cumplimiento. Y
estas personas con tanta capacidad para incidir en nuestras vidas no salen de
la chistera, son jueces tras duros años preparando unas oposiciones, el sistema
más eficaz para que sean independientes y no deban ningún favor a nadie.
Los jueces no son mejores ni peores que el
resto, tienen miserias y grandezas, como todo hijo de vecino, y desde luego en
el ejercicio de sus funciones no son infalibles, se pueden, y de hecho, se
equivocan en sus decisiones, y para eso está el sistema de recursos y la
responsabilidad disciplinaria; sus resoluciones deben ser respetadas pero
también pueden ser criticadas, aunque sería conveniente que para hacerlo se
lean enteras y con ciertos conocimientos para comprender que los órganos
jurisdiccionales no pueden decidir libremente, lo deben hacer conforme a unas
leyes que a veces son imperfectas o injustas, pero que tienen que aplicar
porque de lo contrario cometerían prevaricación; es al Parlamento a quien le
corresponde rectificar esas disfunciones porque a él es a quien a elegido el
Pueblo, no a los jueces, que igual que el resto de los poderes públicos y de
los ciudadanos, están sometidos al imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.
Este es nuestro sistema judicial, mejorable
sin lugar a dudas, pero creo que son peores aquellos donde los jueces y los
fiscales son “elegidos” en la práctica por los grupos de presión más poderosos.
Hay que preguntarse, ¿a quién le conviene un Poder Judicial raquítico y sin
medios?, no hace falta ser un “lince” para concluir que los grandes poderes
económicos que se creen por encima del Estado y sus instituciones son los
beneficiarios de una Justicia lenta y sin capacidad de respuesta, y para colmo
ahora llega la “justicia para ricos” que Ruiz-Gallardón introduce con el nuevo
régimen de tasas judiciales.
España es uno de los países de la Unión Europea con la ratio más
baja de jueces por ciudadanos, y cambiando este panorama se podría conseguir
que los lesionados en sus derechos e intereses obtengan la rápida tutela
judicial. Con esta brutal crisis económica, unos juzgados dotados de medios
pueden conseguir que los concursos de acreedores sean instrumentos para salvar
las empresas y no el acta de defunción de las mismas. Y sin jueces valientes e
independientes, el hotel Algarrobico hoy estaría en funcionamiento y no sería
posible su necesario derribo, o los supuestos desmanes de algunos miembros de
la familia real quedarían impunes. En el pasivo, encontramos la paradoja de que
se expulsa de la carrera judicial, con argumentos jurídicos más que
discutibles, a Baltasar Garzón por sus actuaciones para acabar con una trama
corrupta.