"VISTO PARA SENTENCIA", mi columna del lunes 10 de junio en SUR

 

Cada “visto para sentencia” constituye una oportunidad para la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.

Jesús miró a sus discípulos  y les dijo: “No juzguéis a nadie y Dios no os juzgará a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no os condenará. Perdonad y Dios os perdonará.” (Lucas, 20, 37); sin perjuicio de las convicciones religiosas de cada uno, buen criterio general es éste para evitar juicios precipitados, opiniones infundadas y esa enorme capacidad humana para encontrar defectos en los demás que reconocemos tan bien porque los practicamos con asiduidad nosotros mismos. Dicho lo anterior, en una sociedad civilizada el conflicto existe (en las dictaduras se oculta y reprime) y su solución, cuando los interesados no llegan a un consenso, debe encontrar una respuesta justa para las partes y conforme a Derecho (orden jurisdiccional civil, social y contencioso-administrativo); cuando alguien lesiona de forma grave bienes jurídicos que la sociedad considera de vital importancia, es decir comete un delito o una falta, salvo contadas ocasiones, las partes afectadas no pueden decidir la respuesta, ésta viene predeterminada en el Código Penal, lo contrario implicaría una justicia penal a la carta donde el asesino o el estafador conseguiría el “perdón” de la victima, (probablemente con coacción o dinero) pateando derechos básicos irrenunciables. La Constitución reserva a los órganos jurisdiccionales la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que implica declarar el derecho para cada caso concreto y por eso se les reviste de una potestad que el común de los mortales no tenemos, con sus consiguientes responsabilidades. Lo que juzgados y tribunales declaran en sus sentencias afecta directamente a las partes y es de obligado cumplimiento. Y estas personas con tanta capacidad para incidir en nuestras vidas no salen de la chistera, son jueces tras duros años preparando unas oposiciones, el sistema más eficaz para que sean independientes y no deban ningún favor a nadie.

Los jueces no son mejores ni peores que el resto, tienen miserias y grandezas, como todo hijo de vecino, y desde luego en el ejercicio de sus funciones no son infalibles, se pueden, y de hecho, se equivocan en sus decisiones, y para eso está el sistema de recursos y la responsabilidad disciplinaria; sus resoluciones deben ser respetadas pero también pueden ser criticadas, aunque sería conveniente que para hacerlo se lean enteras y con ciertos conocimientos para comprender que los órganos jurisdiccionales no pueden decidir libremente, lo deben hacer conforme a unas leyes que a veces son imperfectas o injustas, pero que tienen que aplicar porque de lo contrario cometerían prevaricación; es al Parlamento a quien le corresponde rectificar esas disfunciones porque a él es a quien a elegido el Pueblo, no a los jueces, que igual que el resto de los poderes públicos y de los ciudadanos, están sometidos al imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.

Este es nuestro sistema judicial, mejorable sin lugar a dudas, pero creo que son peores aquellos donde los jueces y los fiscales son “elegidos” en la práctica por los grupos de presión más poderosos. Hay que preguntarse, ¿a quién le conviene un Poder Judicial raquítico y sin medios?, no hace falta ser un “lince” para concluir que los grandes poderes económicos que se creen por encima del Estado y sus instituciones son los beneficiarios de una Justicia lenta y sin capacidad de respuesta, y para colmo ahora llega la “justicia para ricos” que Ruiz-Gallardón introduce con el nuevo régimen de tasas judiciales.

España es uno de los países de la Unión Europea con la ratio más baja de jueces por ciudadanos, y cambiando este panorama se podría conseguir que los lesionados en sus derechos e intereses obtengan la rápida tutela judicial. Con esta brutal crisis económica, unos juzgados dotados de medios pueden conseguir que los concursos de acreedores sean instrumentos para salvar las empresas y no el acta de defunción de las mismas. Y sin jueces valientes e independientes, el hotel Algarrobico hoy estaría en funcionamiento y no sería posible su necesario derribo, o los supuestos desmanes de algunos miembros de la familia real quedarían impunes. En el pasivo, encontramos la paradoja de que se expulsa de la carrera judicial, con argumentos jurídicos más que discutibles, a Baltasar Garzón por sus actuaciones para acabar con una trama corrupta.

 A pesar de la falta de medios, todos los días jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, procuradores, funcionarios de la Administración de Justicia, en pueblos y en grandes ciudades, trabajan para que cada “visto para sentencia” constituya una oportunidad para la Justicia, que no es otra cosa que, citando a Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.