LA AUSTERIDAD

Mi columna del lunes del SUR.

 

La austeridad no debe ser un valor de la crisis, debe inspirar la gestión pública en todo momento

Son tiempos de crisis, y entre otras cosas ésta incorpora al lenguaje cotidiano, y en especial a la jerga institucional, la utilización masiva de frases y términos que aparecen como talismán para situar a quien las utiliza como alguien apegado al terreno; así no se les cae de la boca a muchos representantes institucionales la manida afirmación de “en época de crisis hay que ser austeros”. Siempre que la escucho o leo reacciono de la misma manera, ¡no sólo en época de crisis, hay que ser austeros siempre, con crisis o con bonanza”. Esta máxima, que un servidor defiende con total convicción, se practica poco, y comprobamos como grandes excesos de otros momentos, o se mantienen en el presente o incluso, con gran cinismo, se utilizan como excusa para recortes a prestaciones sociales, decididos curiosamente por los mismos que antes malgastaron.

La austeridad significa que hay que gastar solo en la cuantía y en los conceptos que son necesarios para llevar una vida digna, y como a nivel personal o como nación, no siempre contamos con la garantía de unos recursos estables, todo el ahorro que acumulamos en los momentos de más ingresos nos sirve para atender esas necesidades básicas en los momentos de crisis. Por eso, la austeridad no puede ser un valor de la crisis, debe ser un principio estructural presente en el día a día, y en especial entre los que gestionan la cosa pública.

En lo individual, siempre he creído que las necesidades personales, (sea cual sea el contexto de cada uno) tienen un límite. Nunca defenderé que la solución pase por una generalización de la miseria; será lícito el nivel de vida derivado del trabajo honesto de cada cual. Sin embargo, considero inmoral los derroches que algunos mantienen, no para atender sus necesidades (que las tiene más que cubiertas) sino por un “exhibicionismo social” propio de los que han escondido su conciencia tan bien que ya no saben donde la tienen. Medir la calidad de vida en consumir millonadas  simplemente porque se lo pueden permitir,  abofetea la dignidad de muchas personas que podrían vivir mejor con esos recursos malgastados. Esos personajes no le dan “glamour”  ni bienestar a ninguna ciudad o colectividad, más al contrario lo que hacen es desprestigiar todo lo que tocan. Por otra parte no hay que ser ingenuos, las riquezas de personajes (que, en muchos casos, unen un escaso talento y laboriosidad a su profunda indecencia), no siempre tienen un origen lícito y se corre el riego de acoger y potenciar socialmente a una cuadrilla de delincuentes.

En el plano público, la austeridad debe ser un mandato jurídico que inspire toda la actuación administrativa. Abogo por su articulación legal, de tal modo que sea posible su control al igual que la estabilidad presupuestaria o la disponibilidad de crédito en el Presupuesto. Hoy en día, si se tiene consignación, se sigue el procedimiento y no se incurre en un delito o en una manifiesta ilegalidad, se puede gastar todo lo que se quiera y en lo que se quiera, y así nos encontramos aeropuertos sin aviones, sueldos inmorales, museos que son un pozo sin fondo, cargos manifiestamente innecesarios, viajes oficiales donde se apunta hasta el último mono, lujosas ediciones que nadie lee y se acumulan en los almacenes, excesos en el protocolo que no responden a la necesaria hospitalidad y dignidad del cargo, …; son gastos formalmente legales pero que no respetan la necesaria austeridad. Esos recursos malgastados son los que después faltan para políticas sociales, aquellas que deberían convertirse en derechos irreversibles, sanidad, educación o seguridad social. Paradójicamente, PP y PSOE cambiaron la Constitución para consagrar la “estabilidad presupuestaria” (que, entre otras cosas, pone límites a los gastos sociales).

Hay que convertir en operativo el artículo 31.2. de la Constitución, que dice: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”; se trata de que los controles internos (jurídicos y económicos) y el judicial puedan evitar derroches que superen con creces las necesidades objetivas y legítimamente definidas en los programas políticos de los que gobiernan. No se trata, ni mucho menos, de sustituir las prioridades en el gasto que deben definir los elegidos (directa o indirectamente) por el Pueblo, pero si evitar los gastos que no resistan un elemental contraste con la equidad. En síntesis, planteo la necesidad de reformas para que no pueda ser legal un gasto caprichoso e insostenible mientras millones de ciudadanos no tienen cubiertas sus necesidades básicas.